El Partido Comunista de Salamanca califica de grave negligencia el nuevo retraso que va experimentar el sellado del vertedero del Ayuntamiento de Salamanca, como consecuencia de la pérdida de documentación de algunas de las ofertas presentadas por las empresas interesadas, de lo que es responsable la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
El vertedero de Salamanca, que según varios estudios debería haber sido clausurado en 1997, pero que por dejadez y falta de previsión por parte del Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León, ha estado operativo hasta el año 2007, verá ahora retrasado su sellado por un tiempo que se podría extender varios años, si alguna de las empresas que han concursado a la adjudicación administrativa para realizar esta obra, decide acudir a los Tribunales de Justicia recurriendo la decisión de la Junta de anular todo el proceso de adjudicación.
Esta obra de sellado, presupuestada en mas de cuatro millones de euros, se verá nuevamente pospuesta, como consecuencia de que la Junta de Castilla y León ha extraviado parte de la documentación que una de las empresas interesadas había presentado para optar a la adjudicación de las obras, lo cual ha motivado que desde la consejería de Medio Ambiente se haya tenido que paralizar la adjudicación de las obras e iniciar el procedimiento desde su convocatoria.
Para el Partido Comunista de Salamanca, el sellado del vertedero es una obra que se debía haber ejecutado hace ya quince años, ya que los defectos detectados desde su construcción, así como el escaso mantenimiento de su instalación, ha hecho que el vertedero se haya convertido en un importante foco de contaminación de la zona al no estar impermeabilizado, lo cual está provocando filtraciones de productos contaminantes en el acuífero.
Si la causa de los sucesivos retrasos que con anterioridad ha padecido el sellado del vertedero, se han debido a cuestiones de decisión política y falta de visión de las administraciones implicadas, en esta ocasión la nueva demorara es achacable a una negligencia administrativa cuya gravedad política es aún mayor y debe ser calificada como auténtica negligencia grave por parte de los gestores públicos de la Junta de Castilla y León, que hace imprescindible que se asuman responsabilidades políticas ante un grave error que traerá importantes consecuencias económicas y medioambientales para Salamanca.
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