Diez años después, una vez superado el plazo que la Junta de Castilla y León concedió a los ayuntamientos para adaptar los edificios municipales y las calles a la normativa de accesibilidad y barreras arquitectónicas que entró en vigor el 24 de junio de 1998, Ciudad Rodrigo tiene todavía en esta materia muchas asignaturas pendientes.
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