Ayer se podía leer en El Adelanto que “La ONCE pone en valor la contratación de discapacitados: los empresarios pueden acceder a diversas subvenciones y ventajas fiscales.
La Fundación ONCE inició ayer en Salamanca el recorrido de un autobús que informará en las distintas ciudades de Castilla y León sobre las ventajas de las empresas a la hora de contratar a personas con discapacidad.”
Evidentemente cualquier acción a favor de este colectivo es positivo, pero la meta debería ser garantizar el acceso de los discapacitados al mercado laboral ordinario en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores. Las razones son obvias: más de la mitad de las personas a las que sobrevino la discapacidad cuando se encontraban desempeñando un empleo, lo perdieron por ese motivo y si siguieron trabajando, la mayor parte acabó desempeñando otras labores menos cualificadas.
Pero pocas de las personas con discapacidad están empleadas en empresas ordinarias o en la Administración, luego sólo un porcentaje muy bajo del colectivo tiene acceso a un empleo en igualdad de condiciones. Y de los que ya cuentan con un empleo trabaja, pero en Centros Especiales de Empleo (CEE).
Tomando como referencia la realidad europea, la media de personas con discapacidad severa que tiene empleo remunerado en Europa es del 24,30%, cuando en España está por debajo del 13%.
Además, otra de las cuestiones en la que se incide es el factor sexo. Así, el impacto de la discapacidad en el empleo no es ajeno a la discriminación de género imperante en el mercado actual. Mientras a los hombres se les orienta al trabajo remunerado, las mujeres están, en general, abocadas al trabajo doméstico o a compaginarlo con una actividad externa en lo que se convierte en una doble jornada.
No obstante, en los últimos cinco años se ha producido un claro aumento de la ocupación entre las personas con discapacidad, hasta el 51,4% entre los años 2000 y 2006, algo que se relaciona directamente con el crecimiento del empleo en los CEE. Cuatro de cada diez personas con discapacidades que trabajan, lo hacen en los centros especiales de empleo.
Los centros especiales de empleo, deberían facilitar el tránsito de las personas que ocupan al mercado laboral ordinario, pero o no existe o es simbólico. En muchos casos sus condiciones laborales y salariales les llevan a la exclusión social. El nivel salarial de los trabajadores de los CEE se encuentra muy por debajo del de su sector de referencia. Cada CEE utiliza sus propios criterios salariales, convenio estatal, regulación especial de bajo rendimiento o convenios propios.
Las críticas a estos centros parten de la constatación de que muchos de ellos se han convertido en un coladero que permite a las empresas ordinarias saltarse la contratación directa y proporcionan a los CEE trabajos de subcontratación, normalmente de baja cualificación. Y la cuestión es que ese sistema funciona, y sigue con tendencia al alza.
Los CEE compiten en el mercado salvaje de la subcontratación, incidiendo ésta directamente en la precariedad y deterioro de las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellos.
Tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones la siniestralidad es la causante de discapacidades, casi siempre producto de la precariedad laboral y la subcontratación, por lo que se tiene que subrayar la responsabilidad de los empresarios en el cumplimiento de la normativa en materia de prevención y, en paralelo, denunciar que por parte de la Administración pública no hay voluntad de inspeccionar para controlar ni sancionar el incumplimiento de la legislación.
Además, la Administración contribuye al sostenimiento económico de los CEE, porque ha encontrado en ellos una vía cómoda para gestionar un importante colectivo de trabajadores con discapacidades, que de otra manera tiene difícil su acceso al empleo ordinario.
Se tiene que interpelar a instituciones como garantes del derecho al empleo digno del colectivo de discapacitado y por lo tanto de responsables, más allá de políticas asistenciales, de promover políticas de empleo y sociales que garanticen la igualdad de oportunidades y contribuyan a eliminar las barreras de todo orden que hoy hacen que la mayoría de este colectivo esté excluido del mercado laboral.
